El deudor debe pagar 40€ por cada factura fuera de plazo

Reciente sentencia de Tribunal Supremo establece  que los acreedores, muchas veces autónomos, tienen derecho a cobrar a sus clientes 40 euros por cada factura que paguen fuera de plazo.

Cuando el deudor retrase sus pagos deberá abonar la cantidad de 40€ en concepto de gastos de cobro por cada una de las facturas abonadas fuera de plazo y no como una única cantidad por el conjunto de todas ellas.

El acreedor tendrá derecho a cobrar al deudor una cantidad fija de esos 40€ establecidos, que se incluirán sin necesidad de petición expresa a la deuda principal .

También cabe destacar que el acreedor tendrá derecho a reclamar  al deudor una indemnización por todos los costes, debidamente acreditados,  que haya sufrido a consecuencia del impago y que superen los 40€.

La sentencia se centra en las deudas de la Administración pero no excluye a particulares

Aunque en principio se aplicaría a las deudas de la Administración esta sentencia abre la puerta también a que se aplique la misma interpretación a las situaciones de morosidad entre autónomo y empresas  llegando un  momento en que otros tribunales entiendan del mismo modo que las empresas deban pagar 40€ por factura fuera de plazo a los trabajadores por cuenta propia.

La mayoría de administraciones incumplen los plazos de pago con los autónomos

Es  precisamente  la Administración la que lleva a cabo una morosidad más sangrante. Aunque desde 2010 existe la obligación de que las administraciones públicas abonen sus facturas en un plazo máximo de 30 días y las empresas privadas en menos de 60 días, ni unos ni otros están cumpliendo la ley.

El motivo es que no existen sanciones para aquellos que incumplen  y pagan sus facturas más allá de los plazos establecidos, provocando graves perjuicios a los autónomos y pequeños negocios que necesitan liquidez. Se dice que uno de cada cuatro cierres de negocios en España se debía a la morosidad tanto pública como privada. 

La única forma de que se pudiera limitar esta morosidad sería través de un régimen sancionador como miles de empresas privadas con el consiguiente perjuicio a los autónomos que difícilmente pueden aguantar meses sin cobrar las facturas. El motivo es que no había sanciones para los infractores.  

A la espera de un régimen sancionador de la morosidad

El proyecto de reforma de la Ley de Morosidad para dotarle de un régimen sancionador sigue dando pasos, a pesar de la vorágine creada por la pandemia el  pasado 22 de septiembre, el pleno del Congreso aprobó por unanimidad llevar a cabo una modificación de la norma para crear este régimen sancionador  y penalizar  así a todos aquellos que no paguen sus facturas en los tiempos que marca la norma con multas de hasta 1 millón de euros. 

  Éstas serían las infracciones que prevé el proyecto: 

  • Las infracciones leves se sancionan con multas de hasta 3.000€.
  • Las graves hasta 100.000€.
  • Las muy graves, hasta 1 millón de euros. 

Al parecer, sería un órgano  administrativo gestionado, por las CCAA o la Administración, el que tendría potestad para imponer sanciones en virtud de los comportamientos morosos tipificados. Asimismo, y en los casos de reincidencia como infractor grave, la norma recoge otras penas como no poder ser contratado por el sector público, no poder ser beneficiario de subvenciones, no poder acceder a créditos ICO e, incluso, no poder deducirse el Impuesto de Sociedades o IRPF..





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